La guerra social fue la manifestación más vistosa de la crisis que afectaba a la península itálica. Antes de la revuelta el estado romano se había anexionado los territorios de los pueblos italiotas por tres procedimientos distintos: alianza, incorporación y deducción.
- Procedimiento de anexión de Roma de los pueblos italiotas
+ Alianza
La alianza era un tratado especial (foedus) por el que Roma concedía una autonomía interna a los pueblos sometidos a cambio del pago de tributos y del suministro de hombres para el ejército. Los civitates foederatae, aun manteniendo un ordenamiento soberano, reconocían la supremacía de Roma (en 89 a.C. fueron incluidas en el estado romano). Aplicada en un principio a los latinos (foedus Cassianum, 493 a.C.), la alianza se extendió posteriormente a los pueblos de Italia meridional (Nápoles, 326 a.C.) y central.
+ Incorporación
La incorporación era una forma de anexión directa a la civitas romana que podía realizarse según la modalidad de la civitas optimo iure (ciudadanía romana con derecho a voto) o de la civitas sine suffragio (sin derecho a voto). A partir del siglo IV a.C., los habitantes de las ciudades vencidas fueron englobados por Roma con mayores o menores derechos.
+ Deducción
La deducción, finalmente, era una forma de anexión incondicional que tenía su origen en la rendición formal de una comunidad. Las colonias nacidas de la deducción se dividían en latinas (formadas por aliados latinos e itálicos) y romanas (formadas por ciudadanos romanos que residían fuera de la capital). Las primeras colonias se remontan a la época de los reyes. La última colonia de la península fue Lucca, erigida en 180 a.C.
- Origen de las causas de la guerra social en Roma
El origen de las causas de la guerra social hay que buscarlo en el período de los Gracos. La cuestión de la ciudadanía de los itálicos, que había llevado a la muerte a Cayo Graco, volvió a plantearse en 91 a.C. A lo largo de casi dos siglos de sumisión, la mayor parte de las poblaciones itálicas había permanecido fiel a Roma, incluso durante la larga guerra contra Aníbal. A pesar de su valor, los itálicos estaban en una situación de total subordinación política después de que la reforma de Cayo Graco hubiera sido ahogada en sangre. Livio Druso, hijo del adversario de Cayo Graco, tras ser elegido al tribunado de la plebe, recuperó la propuesta de Graco de extender la ciudadanía a los itálicos; pero las mismas fuerzas que habían derrotado a los Gracos armaron la mano del sicario que asesinó a Livio Druso en su casa.
- La insurrección y la respuesta romana
Este delito, sin embargo, no consiguió detener un proceso ya comenzado. Fue simplemente una señal de la rigidez de Roma, que no quería hacer ninguna concesión, pero no acalló la protesta que desembocó en la llamada guerra social. En 91 a.C., marsos, pelignos, picentinos, marucinos, frentanios, vestinos, apulios, lucanos, campanios y samnitas crearon una república, basada en el ejemplo de la romana, y eligieron como capital Corfinio, rebautizada como Itálica. Etruscos y umbros permanecieron fieles a Roma, así como Venosa, Nola, Nocera, Nápoles, Reggio y casi todas las colonias latinas. Pompedio Silón y Papio Mutilio se pusieron al frente de los insurgentes, mientras que Lucio Julio César, padre del futuro dictador, Cayo Mario y Cornelio Sila condujeron el ejército romano. Preocupada por el alcance de la insurrección, Roma empezó a hacer algunas concesiones. La ley Julia (90 a.C.) reconoció la ciudadanía romana a los centros que habían permanecido fieles y a los que estuvieran dispuestos a deponer las armas. El beneficio se extendió más tarde a las ciudades de la Galia cispadana, que desde entonces pasó a formar parte de Italia. La ley Plaucia Papiria (90 a.C.) concedió a los insurgentes sesenta días para someterse a cambio del reconocimiento de la ciudadanía. Finalmente, la propuesta de ley de Cneo Pompeyo (89 a.C.) previó la extensión del derecho latino a la Galia transpadana.
- Razones de la revuelta
Las razones de la revuelta hay que buscarlas en el cambio de actitud de los itálicos respecto a Roma. Después de la batalla del Metauro (207 a.C.), que cambió la suerte del conflicto con Aníbal, desaparecieron las esperanzas de una acción unitaria contra la hegemonía de la ciudad del Tíber. A partir de ese momento lo que unió a los pueblos itálicos fue la coincidencia de sus intereses particulares, que pueden reducirse en esencia a una mayor integración en el estado romano. Hasta entonces, los itálicos estaban orgullosos de su autonomía de pueblos aliados de Roma, más que nada porque consideraban que su situación aún podía mejorar y, sobre todo, porque la hegemonía romana se extendía tan sólo sobre una parte de la península. La derrota definitiva de Aníbal fue lo que los llevó a reivindicar un trato similar al de la ciudad dominante y no una especie de autonomía.
La resistencia de Roma provocó el descontento de las ciudades itálicas aliadas, que se encontraron unidas por la común reivindicación de la igualdad de derechos políticos. Unas lucharon, no obstante, por la extensión de la civitas mientras que otras preferían permanecer foederatae.
La guerra social fue, en cierto sentido, un testimonio de la completa romanización de la península, y acabó con el dualismo entre romanos e itálicos. El deseo de estos últimos de ser reconocidos ciudadanos a todos los efectos manifiesta su convicción de no representar un pueblo distinto, sino parte integrante del estado romano desde el punto de vista jurídico y social.
Las motivaciones que llevaron a los itálicos a la revuelta fueron diversas: por una parte, la actitud reformista de las clases superiores que aspiraban a los derechos políticos; por otra, la actitud protestataria de las clases inferiores que reclamaban mejores condiciones de vida. La guerra social, por tanto, no fue sólo la revolución de la riqueza, sino también la revolución de la miseria. A su término, los itálicos fueron reconocidos como parte integrante de la república romana y Roma dejó de ser una ciudad estado para convertirse en la ciudad guía del estado itálico. Pero sólo en Roma era posible el ejercicio de la ciudadanía y, además, los itálicos sólo fueron inscritos en 8 de las 35 tribus romanas, limitando ulteriormente sus derechos. Para acallar el descontento, ya en 88 a.C. fueron inscritos en todas las tribus gracias a una disposición de Publio Sulpicio Rufo, completada después por Cornelio Cinna en 87 a.C.
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Artículo 29 de 42 de nuestra serie de entradas sobre la historia de Roma.
