viernes, 6 de enero de 2017

Derecho de familia en Derecho romano (II): la familia

"Familia", en Derecho civil, es sinónimo de familia agnaticia, y significa el conjunto de personas unidas por el mismo vínculo de patria potestad (1). Se llaman, pues, "agnados" todos los individuos que conviven bajo la misma patria potestas o, a lo menos, convivirían de perdurar su ascendiente común. El parentesco de sangre no basta para que exista agnación. La madre no es pariente agnaticia de sus hijos, a título de maternidad; lo es únicamente si el matrimonio la sujeta a la manus –es decir, a la patria potestad de su marido–, ya que la comunidad de poder paterno la une entonces, jurídicamente, a sus propios hijos, asignándole entre ellos lugar civil de "hermana". Los hijos de una hija no son tampoco familiares agnados de su abuelo materno, porque se hallan bajo la patria potestad del padre –o abuelo paterno, según los casos– y este vínculo los sustrae a la familia civil de aquél. Y, viceversa, puede existir agnación sin parentesco de sangre. Hay actos jurídicos, como la adopción y la conventio in manum, que engendran artificialmente la patria potestad, y, por tanto, la agnación, no sólo respecto del adoptante o del marido, sino de toda la parentela civil del nuevo agnado; la comunidad de potestad patria es, según la ley civil, fundamento único y decisivo del parentesco.

Familia romana y Derecho romano
Imagen: The Metropolitan Museum of Art

La familia agnaticia del Derecho civil es, sencillamente, una comunidad doméstica. La comunidad de patria potestas –al igual cuando existe realmente que cuando es simple supervivencia ideal– representa la comunidad de la casa –domus–, en el sentido jurídico que esa palabra tiene. El nexo que origina y mantiene esta comunidad es el parentesco por línea paterna –per virilem sexum– y su base formal reside en la relación jurídica de patria potestad, que puede originarse artificialmente –ya hemos mencionado los casos de adopción y conventio in manum– y destruirse, asimismo, por medios jurídicos, en los casos de la capitis deminutio minima.

jueves, 5 de enero de 2017

Derecho de familia en Derecho romano (I): introducción

Las relaciones familiares, contrastadas por el Derecho con sello jurídico, entrañan poderes de unas personas sobre otras; poderes de imperio y subordinación, distintos de las simples obligaciones. Limitan la autonomía de las personas libres sobre que recaen y conceden a quien los goza y ejercita la facultad, más o menos amplia, de servirse de ellos en propio interés. La familia actual gira todavía, jurídicamente, sobre poderes personales y privativos; mas estos poderes no se conceden ya en gracia al interés individual y egoísta de sus titulares, para que usen de ellos a su antojo, sino para facilitar la unión y ayuda mutua de hombre y mujer, así como el cuidado y la educación de quienes todavía no tienen capacidad para regirse autónomamente. La familia es una sociedad de personas desiguales y necesitadas de auxilio solidario, y cuyas diferencias de naturaleza se reflejan en las relaciones jurídicas que las unen; en ello se distingue de la sociedad representada por el Estado, en la cual todos gozan por principio de la misma libertad civil, que tiene su reverso en la sumisión de todos por igual a los poderes públicos.

Familia y Derecho romano

- Derecho de familia "puro" y Derecho familiar de bienes


Las relaciones familiares trascienden a la persona y al patrimonio, de donde se sigue la existencia de un Derecho de familia "puro", que rige los poderes familiares de carácter escuetamente personal, y un Derecho familiar de bienes, que regula las relaciones de contenido patrimonial.

sábado, 31 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XVII): modos de extinción de las obligaciones

Las relaciones obligatorias pueden extinguirse ipso iure –es decir, por obra del Derecho civil– y ope exceptionis –o sea por Derecho pretorio–. En el primer caso, la obligación desaparece de raíz, toda vez que la ley civil tiene facultades para decidir acerca de la existencia o inexistencia de relaciones jurídicas; en el segundo, queda simplemente paralizada, ya que el pretor sólo goza de poderes para proteger o sostener los derechos deducidos en juicio. A su vez, las causas extintivas civiles no admiten cancelación: para que la obligación resurja es menester crearla de nuevo; en cambio, los efectos paralizadores del Derecho pretorio pueden cesar, recobrando entonces la obligación su virtualidad primera.

Derecho de la antigua Roma y obligaciones

- Causas de extinción ipso iure (Derecho civil)


+ Principio del "contrarius actus"


En Derecho civil antiguo se exige, para extinguir la deuda, un acto de cancelación formal. No basta que el acreedor obtenga materialmente lo que se le debe: la solutio o simple pago del ius gentium no disuelve el "vínculo", la responsabilidad. En esta época, para crear obligaciones jurídicamente válidas, se requiere, además del acto obligatorio sustantivo, una forma especial que se le incorpore y engendre responsabilidad; de igual modo, son precisos dos requisitos para cancelarlas: el cumplimiento efectivo de la prestación y una forma civil liberatoria, inversamente análoga al acto que dio base a la responsabilidad, que revoque y destruya sus efectos: tal es el principio del contrarius actus. De esta suerte, el deudor queda liberado –solutio– del vínculo debitorio y de la correspondiente responsabilidad. El pago, para ser formalmente válido, ha de reunir, pues, estas dos condiciones: cumplir la obligación y revelar solemnemente que el deudor queda libre.

lunes, 26 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XVI): responsabilidad por deudas ajenas

En relación a la responsabilidad por deudas ajenas en Derecho romano, hay que atender a la responsabilidad del paterfamilias por los contratos de los sujetos a su potestad, y la responsabilidad del principal por los contratos que celebraban sus dependientes sui iuris.

Deudas ajenas y Derecho romano

- Responsabilidad del paterfamilias por los contratos de los sujetos a su potestad


El propietario de un esclavo responde, con arreglo al Derecho civil, mediante la acción noxal de los delitos que aquél cometa, y lo propio ocurre al paterfamilias con el hijo. En cambio, no quedan sujetos nunca a responsabilidad civil por los contratos que el esclavo o el hijo celebren. Mas el pretor suple, en ciertos y determinados casos, esta responsabilidad, mediante una serie de acciones creadas para esos efectos, que son las siguientes:

+ Actio de peculio


Se parte aquí del supuesto de que el paterfamilias conceda un peculio al hijo o al esclavo (por razones de brevedad, nos limitaremos a mencionar en adelante el segundo caso, dando el primero por sobreentendido); es decir, que le autorice para administrar algunos bienes por su cuenta, como propios; en tal supuesto, se reconoce contra él la actio de peculio –acción pretoria–, mediante la cual se le puede hacer responsable de todos los contratos del esclavo –aunque no de los actos lucrativos–, hasta donde alcance el peculio –peculio tenus–. Para calcular la cuantía y alcance de éste, el dueño puede incluir en su pasivo los créditos –obligaciones naturales– que él mismo tenga contra el esclavo, por virtud de los contratos y cuasicontratos celebrados con él; el esclavo, por ejemplo, pudo haber tomado del dueño una cantidad en préstamo, con la obligación de devolvérsela. Este "derecho de deducción" confiere al dominus posición preferente respecto a los demás acreedores del peculio, cuyos créditos pueden quedar en descubierto, total o parcialmente, mientras que los suyos se hallan siempre garantizados por la posibilidad de retener el peculio, si bien no es menos cierto que entre el activo de éste se cuenta, a su vez, todo lo que el dueño deba al esclavo naturaliter.

domingo, 4 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XV): transmisión de las obligaciones

El Derecho civil romano no permite que el acreedor ceda su crédito a otra persona. Mas esta carencia de cesión puede suplirse mediante la representación procesal, una vez implantado el procedimiento formulario (1): basta que el acreedor (cedente) nombre a otro (cesionario) representante procesal (mandatum actionis); es decir, que le encargue, como apoderado o procurator, de demandar judicialmente el pago de su crédito contra el deudor (debitor cessus) (2), autorizándole para que retenga lo cobrado: mandatum in rem suam.

Transmision de la obligacion y Derecho romano

Pero este procurador judicial, a quien se otorga un mandatum actionis en provecho suyo –in rem suam–, no puede reclamar en nombre propio, sino en el del mandante, cuyo derecho ejercita. No adquiere, finalmente y en rigor, el derecho, sino que contrae, como todo mandatario, la obligación de reclamar procesalmente el pago: si el acreedor revoca el mandato o fallece, la autorización caduca, como otro mandato cualquiera. El mandatario in rem suam no obtiene derecho alguno sobre el crédito: jurídicamente, es un simple apoderado del acreedor. La tenencia del crédito no se consolida en su persona en tanto no se formaliza el proceso con el deudor merced a la litis contestatio. En la fórmula –cuya entrega, en Derecho clásico, puntualiza este momento procesal– se produce, como siempre que el demandante litiga por representación, una trasposición de sujetos; esto es, que, mientras que en la intentio figura el nombre del representado, la condemnatio se formula a nombre del representante. Si, por ejemplo, el demandado adeuda al mandante –es decir, al acreedor– 100, se le condena a pagar los 100 al procurator: "Si paret N.m N.m –el debitor cessus– Lucio Titio –al cedente– centum dare oportere, N.m N.m A.º –o sea al cesionario, que es parte en el proceso– centum condemna; s. n. p. absolve". Con esto, el procurator se erige en dominus litis, se hace parte en el proceso, que gana o pierde para sí. Ateniéndose a la fórmula, el juez tiene que condenar al deudor a pagarle a él, al "representante". Por tanto, desde el momento en que se formaliza la litis contestatio entre cesionario y deudor, a base de la fórmula, el mandato procesal es irrevocable, así el otorgado in rem suam como cualquier otro; la fórmula de parte en el proceso a todo apoderado judicial. Por sus efectos, el mandatum im rem suam no se distingue exteriormente del mandato ordinario: el mandatario in rem suam, al igual que otro cualquiera, es, para el deudor, un mero representante y no el acreedor, aunque en sus relaciones con el mandante se halle eximido de entregarle lo que cobre.