domingo, 4 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XV): transmisión de las obligaciones

El Derecho civil romano no permite que el acreedor ceda su crédito a otra persona. Mas esta carencia de cesión puede suplirse mediante la representación procesal, una vez implantado el procedimiento formulario (1): basta que el acreedor (cedente) nombre a otro (cesionario) representante procesal (mandatum actionis); es decir, que le encargue, como apoderado o procurator, de demandar judicialmente el pago de su crédito contra el deudor (debitor cessus) (2), autorizándole para que retenga lo cobrado: mandatum in rem suam.

Transmision de la obligacion y Derecho romano

Pero este procurador judicial, a quien se otorga un mandatum actionis en provecho suyo –in rem suam–, no puede reclamar en nombre propio, sino en el del mandante, cuyo derecho ejercita. No adquiere, finalmente y en rigor, el derecho, sino que contrae, como todo mandatario, la obligación de reclamar procesalmente el pago: si el acreedor revoca el mandato o fallece, la autorización caduca, como otro mandato cualquiera. El mandatario in rem suam no obtiene derecho alguno sobre el crédito: jurídicamente, es un simple apoderado del acreedor. La tenencia del crédito no se consolida en su persona en tanto no se formaliza el proceso con el deudor merced a la litis contestatio. En la fórmula –cuya entrega, en Derecho clásico, puntualiza este momento procesal– se produce, como siempre que el demandante litiga por representación, una trasposición de sujetos; esto es, que, mientras que en la intentio figura el nombre del representado, la condemnatio se formula a nombre del representante. Si, por ejemplo, el demandado adeuda al mandante –es decir, al acreedor– 100, se le condena a pagar los 100 al procurator: "Si paret N.m N.m –el debitor cessus– Lucio Titio –al cedente– centum dare oportere, N.m N.m A.º –o sea al cesionario, que es parte en el proceso– centum condemna; s. n. p. absolve". Con esto, el procurator se erige en dominus litis, se hace parte en el proceso, que gana o pierde para sí. Ateniéndose a la fórmula, el juez tiene que condenar al deudor a pagarle a él, al "representante". Por tanto, desde el momento en que se formaliza la litis contestatio entre cesionario y deudor, a base de la fórmula, el mandato procesal es irrevocable, así el otorgado in rem suam como cualquier otro; la fórmula de parte en el proceso a todo apoderado judicial. Por sus efectos, el mandatum im rem suam no se distingue exteriormente del mandato ordinario: el mandatario in rem suam, al igual que otro cualquiera, es, para el deudor, un mero representante y no el acreedor, aunque en sus relaciones con el mandante se halle eximido de entregarle lo que cobre.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XIV): cuasidelitos

Se da el nombre de cuasidelitos a una serie de hechos que, sin ser verdaderos delitos, originan los efectos propios y peculiares de los actos delictivos, y, principalmente, la obligación de reparar los daños causados.

Cuasidelitos y Derecho romano

El juez –en la organización judicial de la época clásica, el jurado– que en la resolución o tramitación de un proceso incurra en culpa –iudex qui litem suam facit–, puede ser condenado a reparar equitativamente los daños así producidos –quantum aequum iudici videbitur–. La acción a este fin encaminada se conceptúa como cuasidelictual, porque no sólo se da contra las sentencias conscientemente injustas, sino contra cualesquiera descuidos leves que el juez deslice en su actuación –imprudentia iudicis–, por ejemplo, la inadvertencia de un término, incurría en la aplicación de las normas sobre aplazamientos, etc. Mas no vaya a creerse que esta acción se persiguiese, en modo alguno, las sentencias material o intrínsecamente injustas.

jueves, 1 de diciembre de 2016

Derecho de obligaciones en Derecho romano (XIII): delitos privados

Existen en Derecho romano una serie de delitos contra los cuales el orden jurídico reacciona valiéndose de los medios que procura la ley privada, y a esto deben su nombre de delitos privados. Engendran todos ellos obligaciones a favor del lesionado y a cargo del delincuente. Generalmente, estas obligaciones tienen carácter de pena, y consisten en una suma expiatoria que el culpable debe abonar a la víctima. El Derecho romano primitivo no comparte la idea moderna del delito privado como fuente de un derecho de indemnización para el que lo sufre. La ley prescribe una pena pecuniaria –generalmente con gran largueza–, de la que sale, o ha de salir, la reparación de los daños ocasionados por el delito.

Delitos privados y Derecho romano

Este carácter estricta y primordialmente penal que presentan los derechos nacidos de delito, determina y explica que sean pasivamente intransmisibles a los herederos; al morir el delincuente, desaparece el sujeto penado, y con él, justo es que desaparezca el derecho a infringir la sanción, a menos que ya se hubiera deducido en juicio la actio poenalis, adquiriendo estado procesal mediante la litis contestatio. En su aspecto activo, por el contrario, las acciones de delito se incorporan a la herencia, salvo en aquellos casos en que el delito se considera como una ofensa personalísima, de las que después de morir el ofendido no admiten sanción; tal acontece, por ejemplo, con el delito de injuria; estas acciones se denominan vindictam spirantes, y respecto de ellas ha de hacerse la misma salvedad anterior de la sustanciación procesal y la litis contestatio. A fines de la República, sin embargo, la intransmisibilidad pasiva de las acciones penales sufre ciertas limitaciones; pues el pretor, en dicha época, tomando por modelo las "leyes repetundarias", acostumbra a conceder contra los herederos del delincuentes una actio in factum, con el fin de obligarles a restituir aquello en que se lucrasen por efecto del delito de su antecesor, llegando a sus manos por ministerio de la herencia –in quantum ad eos pervenit–; para calcular el lucro, se atiende al momento de la adquisición de dicha herencia, y no al de la demanda.

sábado, 26 de noviembre de 2016

Las servidumbres en la antigua Roma (VII): constitución de las servidumbres

Es lógico que la fuente principal del nacimiento de estos derechos reales lo sea la voluntad del dueño de la cosa, voluntad que puede manifestarse bien en actos inter vivos de acuerdo con el que va a ser titular de la servidumbre, o bien unilateralmente en actos jurídicos mortis causa, v. gr., un legado.

Servidumbres y Derecho romano

Mas no sólo por voluntad del propietario se constituyen las servidumbres. En los juicios divisorios se admitía que el iudex, como una consecuencia de la situación en que quedaba la cosa al dividirse, tuviese poder para gravar con servidumbres algunas porciones en beneficio de otras. De aquí que la adiudicatio sea también un modo de constituirse las servidumbres.

Las servidumbres en la antigua Roma (VI): "Usus, habitatio, operae servorum"

En el marco del estudio de las servidumbres romanas, tenemos que hacer referencia al usus, la habitatio, y a la operae servorum.

Servidumbres y Derecho de la antigua Roma

- Usus


El usus, no obstante su denominación, no confiere solamente la facultad de usar de una cosa ajena (ius utendi), sino también, al menos en el Derecho justinianeo, una participación en los frutos, limitada a las propias necesidades del usuario o de él y su familia.