Se llama procedimiento extra ordinem –en materias privadas– (1) o procedimiento por cognición al que no deja margen a un judicium, ni, por tanto, a una litis contestatio, ni a una sentencia como el procedimiento ordinario de que hemos venido tratando hasta aquí.
Toda la tramitación del procedimiento extra ordinem se desarrolla ante el magistrado –in iure– y termina con una decisión imperativa del mismo –decretum, interdictum–, basada en su apreciación de los hechos del caso –causae cognitio–. Este procedimiento extra ordinem –per cognitionem y no per formulam– discurre bajo la dirección y poder soberanos del magistrado –bajo su imperium– y adopta las formas propias de la jurisdicción administrativa; a diferencia del proceso ordinario –dividido fundamentalmente en ius y judicium, que reúne las características del genuino procedimiento judicial–. Mientras que en éste, el magistrado, con sus poderes coactivos, ocupa, por lo general, lugar secundario, y el proceso acaba con una sentencia del juez, sentencia que se limita a definir los derechos del demandante, dándoles autoridad de cosa juzgada y contenido pecuniario, y siendo necesario para asegurarles efectividad una segunda acción –la actio judicati–, el procedimiento extra ordinem gira todo él, del principio al fin, sobre el imperium del magistrado y el carácter ejecutivo y autoritario de sus órdenes, complementadas directamente mediante multas, pignoris capiones, missiones in possessionem, intervención armada de los funcionarios subalternos –manu militari–, etc. El procedimiento ordinario se basa en la autoridad objetiva del Derecho; el procedimiento extra ordinem, en el imperio soberano del magistrado.
