La in integrum restitutio | La protección de Derechos en Derecho romano (XV)

In integrum restitutio es el acto por medio del cual el magistrado, haciendo uso de su imperium, ordena la eliminación de daños producidos conforme a Derecho, restaurando la situación jurídica anterior: eso quiere decir "in integrum restitutio": repristinación de un anterior estado jurídico; se trata, por tanto, de reaccionar contra el Derecho, en defensa de legítimos intereses, y en eso se distingue de la actio, que es un medio de protección contra actos antijurídicos simplemente.

Se encamina este recurso excepcional a obviar la imposibilidad en que el Derecho positivo se encuentra de satisfacer justicieramente todas las necesidades y todos los casos de la vida. Las normas del Derecho son siempre, por fuerza, generalización; es decir, abstracción, en mayor o menor grado, de los hechos concretos y reales. Dispone la ley, por ejemplo, que todo aquel que celebre un contrato en forma válida está obligado a cumplirlo, sin que pueda resistirse a su ejecución. Contra esta regla puede admitir y formular explícitamente el mismo Derecho ciertas excepciones, teniendo presentes, para ello, circunstancias que harían injusta su aplicación a todos los casos. Así, la ley Plaetoria –dada hacia el año 190 a.C.– prohibe que nadie se lucre dolosamente contratando con un menor, y el pretor concede a éste –en caso necesario– la exceptio legis Plaetoriae, y, llevando aún más allá la idea de la ley, introduce una nueva exceptio para el mayor de edad a quien se arranquen ganancias con dolo, mediante cuyo recurso le salva de las consecuencias jurídicas que entraña para él el contrato fraudulento. De este modo se va creando un Derecho de excepción –ius singulare–, que permite al orden jurídico prestar vigilante atención a las circunstancias y matices del caso concreto, corrigiendo y atemperando sus propias normas.

El procedimiento interdictal | La protección de Derechos en Derecho romano (XIV)

Las resoluciones dictadas por el magistrado extra ordinem pierden, muy pronto, su carácter decisivo en una serie de asuntos. Al pretor le es imposible investigar detalladamente las circunstancias materiales de cada caso. Consiguientemente, se limita a dejar sentadas unas cuantas normas generales que sirvan de pauta para la resolución del caso concreto, haciendo saber a las partes la providencia administrativa proclamada.

Supongamos, por ej., que una persona entrega a otra una finca, a ruego suyo –a precario–; es decir, reservándose el derecho a reclamarla cuando le plazca. Si el que la recibe –el precarista– se niega a devolverla, aquél puede acudir ante el pretor, como autoridad administrativa y de policía, solicitando que, extra ordinem –mediante un interdicto– le reponga provisionalmente en su posesión, sin prejuzgar con ello la cuestión jurídica de fondo –el derecho de propiedad sobre la finca, etc.–. En los primeros tiempos, es de suponer que el pretor depuraría personalmente las circunstancias del caso, fallando así: "puesto que tú, demandado, has recibido tal cosa en precario del demandante, estás obligado a devolvérsela". Más tarde, al cambiar las cosas, se hace imposible al magistrado esta indagación personal de los hechos, y su decisión cambia de aspecto: "Lo que tú, demandado, hayas recibido en precario del demandante, debes devolvérselo" –"quod precario ab illo habes, aut dolo malo fecisti, ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas". Cfr. D. 43, 26, 2 pr.–. Decisiones de este género pueden dictarse sin necesidad de indagatoria previa, publicándose de antemano e hipotéticamente en el Edicto. La antigua orden incondicional se sujeta ahora a condiciones; los interdictos se transforman en normas abstractas, que se abstienen de resolver para el caso concreto, limitándose a trazar la norma que ha de inspirar el fallo, y a la cual las partes deben atenerse. La sentencia, de esta suerte, se convierte en un precepto.

El procedimiento "extra ordinem" | La protección de Derechos en Derecho romano (XIII)

Se llama procedimiento extra ordinem –en materias privadas– (1) o procedimiento por cognición al que no deja margen a un judicium, ni, por tanto, a una litis contestatio, ni a una sentencia como el procedimiento ordinario de que hemos venido tratando hasta aquí.

Toda la tramitación del procedimiento extra ordinem se desarrolla ante el magistrado –in iure– y termina con una decisión imperativa del mismo –decretum, interdictum–, basada en su apreciación de los hechos del caso –causae cognitio–. Este procedimiento extra ordinem –per cognitionem y no per formulam– discurre bajo la dirección y poder soberanos del magistrado –bajo su imperium– y adopta las formas propias de la jurisdicción administrativa; a diferencia del proceso ordinario –dividido fundamentalmente en ius y judicium, que reúne las características del genuino procedimiento judicial–. Mientras que en éste, el magistrado, con sus poderes coactivos, ocupa, por lo general, lugar secundario, y el proceso acaba con una sentencia del juez, sentencia que se limita a definir los derechos del demandante, dándoles autoridad de cosa juzgada y contenido pecuniario, y siendo necesario para asegurarles efectividad una segunda acción –la actio judicati–, el procedimiento extra ordinem gira todo él, del principio al fin, sobre el imperium del magistrado y el carácter ejecutivo y autoritario de sus órdenes, complementadas directamente mediante multas, pignoris capiones, missiones in possessionem, intervención armada de los funcionarios subalternos –manu militari–, etc. El procedimiento ordinario se basa en la autoridad objetiva del Derecho; el procedimiento extra ordinem, en el imperio soberano del magistrado.

Efectos del proceso | La protección de Derechos en Derecho romano (XII)

Hay en todo proceso dos actos fundamentales: la litis contestatio, mediante la cual se formaliza el litigio, y la sentencia, con que concluye.

- Litis contestatio. Sus efectos

+ Consunción procesal

El efecto característico y esencial de la litis contestatio es la deductio rei in judicium, que da al asunto estado judicial. Formalizado el proceso, no cabe promover nueva demanda sobre la misma materia, conforme al antiguo aforismo: "bis de eadem re ne sit actio", sino que tal como se plantee en la litis contestatio ha de fallarse definitivamente.

Plazos y prescripción de las acciones | La protección de Derechos en Derecho romano (XI)

Analizamos en ésta entrada los plazos y la prescripción de las acciones propias del Derecho de la antigua Roma.

- Plazos

Hay una serie de actiones honorariae que el magistrado sólo concede para que sean ejercitadas dentro de determinado plazo. Caso principal es el de las acciones penales entabladas para reclamar una multa, mas no por Derecho civil, sino en virtud del Edicto pretorio; por ej., la actio injuriarum, que sólo puede interponerse durante un año útil. Otro ejemplo es el de las acciones edilicias nacidas del contrato de venta, cuando la cosa presente vicios: la acción redhibitoria dura seis meses útiles, la actio quanti minoris, un año. Estas acciones sujetas a plazo se llaman actiones temporales. El plazo señalado para el ejercicio de la acción afecta también al derecho, por la razón de que en estas acciones honorarias la reclamación jurídica se basa exclusivamente en la promesa del Edicto –edilicio o pretorio– o, más exactamente, en la del magistrado –pretor o edil–, con que se anuncia la fórmula y se abre la vía procesal ordinaria: "judicium dabo". Si esta promesa se sujeta a un plazo –"intra annum, intra sex menses judicium dabo"– resulta también emplazado el derecho que se ampara. Al expirar el plazo, la actio temporalis se extingue, y con ella el derecho –v. gr., a reclamar la multa o la redhibición o disminución del precio señalado, en el caso de la venta–.

El sistema de acciones | La protección de Derechos en Derecho romano (VIII)

Bajo el procedimiento formulario, la acción conserva la misma esencial naturaleza que tenía en el Derecho antiguo. Ahora como entonces, falta una forma general de protección que acompañe a toda facultad jurídica, por el mero hecho de existir. La protección procesal cristaliza en una serie de acciones, taxativamente fijadas por los poderes competentes, e independientes unas de otras. Actualmente, el concepto de "acción" tiene carácter público y es una mera forma –vacía de todo contenido jurídico-subjetivo– que asiste a cualquier derecho en su actuación judicial. La actio romana, por el contrario, es siempre expresión del derecho específico que entraña. Y no es simplemente un concepto de Derecho público, sino también de índole privada. Sólo determinadas relaciones jurídicas se hallan revestidas de acción, o sea del derecho a exigir protección de los Tribunales. La actio no es sino el derecho individualizado y dotado de aptitud procesal. Así se comprende que los romanos no tuviesen, como tenemos hoy, un concepto general de "acción" y un procedimiento único para tramitarla, sino variedad de "acciones", revestidas, según los casos, con diferente fórmula: un sistema de acciones, equivalente a un sistema de derechos demandables en juicio. El derecho subjetivo sólo tiene acceso a los tribunales cuando lleve aparejada la acción correspondiente.

Mas ahora no es ya el Derecho tradicional quien exclusivamente decide la existencia o inexistencia de acción. En este justamente consiste el progreso que para la vida jurídica romana significa el procedimiento formulario. El magistrado, dotado de poderes libres que le emancipan de la ley, goza de amplias facultades para crear nuevos tipos de acciones, cuando así lo exijan las necesidad del comercio social o lo reclame la mudanza de las ideas jurídicas. Estas acciones, creadas por el magistrado, son el molde donde se plasma el Derecho privado de una nueva época. Se advierte, además, en la técnica de las acciones, el triunfo de un nuevo estilo, que da expresión armónica y mayor fuerza plástica a la materia jurídica. Para llevar a cabo su obra innovadora, el pretor se sirve principalmente de la intentio. El Derecho germánico medieval tenía también su sistema de acciones (1). Pero en él, los derechos susceptibles de actuación procesal se distinguían simplistamente, atendiendo a su objeto, y variaban según que lo demandado fuese una deuda, una finca o una cosa mueble; es decir, por criterios externos que para nada afectaban al verdadero carácter jurídico de la reclamación. En cambio, en el procedimiento formulario romano, las acciones se diferencian y clasifican en atención a su fundamento jurídico, tal como aparece de la intentio, donde, por tanto, se cifra y se revela la naturaleza intrínseca de la acción. El derecho subjetivo que reviste la acción, encarna en ella; y así, en el sistema de las acciones, se proyectan por modo reflejo los conceptos fundamentales que forman el sistema de los derechos subjetivos, y las distintas clases de éstos toman cuerpo en las diversas modalidades de intentiones.

Estructura de la fórmula en las acciones pretorias | La protección de Derechos en Derecho romano (VII)

En el esquema de la última entrada nos hemos limitado a esbozar la fórmula de las acciones civiles, o sean aquellas en que el demandante reclama derechos que le pertenecen según el ius civile; por ej.: un derecho de propiedad quiritaria, un ius in re aliena o un derecho de crédito, hereditario o de familia, de carácter civil también. La cuestión planteada en la intentio de estas fórmulas versa siempre sobre la existencia de la relación jurídica civil que se demanda; verbigracia: "A.i A.i esse ex iure Quiritium", o "N.m N.m A.o A.o dare (facere) oportere". La misión del juez, en tales fórmulas, es, pues, investigar si esta relación jurídica tiene o no fundamento, en Derecho civil. Las fórmulas que contienen esa intentio iuris civilis, y que figuran en toda acción de esta índole, se llaman in ius conceptae.

Las relaciones jurídicas creadas por el pretor, y dotadas de su acción correspondiente, sin base civil, no pueden revestir la forma de intentiones in ius conceptae, pues para ello es menester que el Derecho alegado tenga su sanción en el ius civile. Así, si, por ejemplo, se reclamase un derecho de propiedad simplemente bonitario o un crédito pretorio mediante la fórmula tradicional de "meum esse ex iure Quiritium" o "dare oportere", el juez no tendría más remedio que absolver al demandado, puesto que la intentio no se armonizaría con la realidad.

Estructura de la fórmula en las actiones civiles | La protección de Derechos en Derecho romano (VI)

Como ya dijimos, el jurado que ha de sentenciar debe su cargo al acuerdo de las partes que lo nombran y que mediante la fórmula se someten a su fallo, y al mandato de enjuiciamiento que da el pretor; éste es el único que puede encomendarle el encargo de enjuiciar, autorizándole para dictar una sentencia con valor público. Al frente de la fórmula y la orden de enjuiciamiento debe, pues, figurar el nombre del jurado o jurados que se designen. Si se nombra un solo juez, la fórmula dirá, por ejemplo: "Titius judex esto"; si se instituyen "recuperatores": "Titius Mevius Sejus recuperatores sunto". Tras esto viene la pauta procesal, de que se trata a continuación.

- Partes ordinarias y extraordinarias de la fórmula

Los juristas romanos (Gayo, Inst. IV, 39 ss) suelen distinguir en la fórmula cuatro partes: demonstratio, intentio, adjudicatio y condemnatio. Estas cuatro cláusulas pueden agruparse, aunque los romanos no lo hagan así, bajo el nombre de partes ordinarias. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que toda fórmula haya de contener necesariamente las cuatro; lejos de eso, las hay que sólo contienen una; otras, dos o tres; y algunas, las cuatro. Pero cada modalidad concreta de acciones presenta siempre, como elementos típicos, alguna o algunas de estas partes. Por ejemplo: las actiones praejudiciales contienen una sola: la intentio; la rei vindicatio, la actio empti y la actio communi dividundo, dos, tres y cuatro, respectivamente. Toda actio empti ha de reunir, necesariamente, una demonstratio, una intentio y una condemnatio, a las cuales partes se añade, en la actio communi dividundo, la adjudicatio.

La fórmula | La protección de Derechos en Derecho romano (V)

La fórmula es el punto central del nuevo procedimiento; constituye la base de la litis contestatio, contrato arbitral que fija el proceso y da al juez la pauta para su decisión. La fórmula escrita, redactada y otorgada por el magistrado, aunque aceptada por las partes, sustituye, en este nuevo sistema procesal, a las fórmulas verbales usadas por los litigantes y características del proceso anterior.

Esta nueva modalidad de litis contestatio posee menos fuerza formal que los actos rituales de las partes, exigidos por el antiguo procedimiento de las legis actiones. La fórmula, acto extendido por escrito y, por tanto, carente de forma, al modo como entendía las formas el Derecho tradicional, no representa –para el ius civile– una verdadera actio; es decir, un trámite por el cual se ejercite y agote al mismo tiempo la demanda basada en la ley. Por su naturaleza y porque así lo dispone el Derecho –ipso iure civili–, la fórmula puede retirarse, repetirse, enmendarse, siempre que el pretor consienta en ello. Como simple creación del ius honorarium, no surte, en Derecho civil, los efectos propios de una litis contestatio, ni impide, por tanto, ipso iure, la reiteración de la misma demanda ante el pretor y el judex. Sólo hay la excepción del judicium legitimum que establecen la ley Aebutia y las leges Juliae. En los procesos entre ciudadanos, ventilados dentro del radio de una milla de Roma, el procedimiento formulario goza la sanción del Derecho civil. Si, por tanto, la demanda se tramita en un judicium legitimum, en forma de actio in personam y con intentio juris civilis, se producen los efectos genuinos de la litis contestatio: se consume la acción, y, como en la antigua legis actio, queda imposibilitada ipso iure la reiteración del proceso. Pero en los demás casos –que forman, sin duda, la inmensa mayoría– es necesario que el pretor conceda expresamente una exceptio rei judicatae vel in judicium deductae, para impedir que vuelvan a la vía procesal litigios ya ventilados en un judicium, y acaso sentenciados. No era el proceso de por sí, ni la institución de un judicium o la sentencia del judex, lo que determinaba los efectos cancelatorios del Derecho antiguos, sino el acto solemne por medio del cual la parte provocaba el judicium, la litis contestatio, en el sentido estricto de esta palabra, o sea la vieja litis contestatio ritual. Este acto jurídico desaparece en el proceso formulario, y por esto el nuevo contrato procesal, concretado en la fórmula, es inferior en eficacia a la antigua litis contestatio –si se prescinde de la excepción a que nos referíamos–.

Procedimiento formulario | La protección de Derechos en Derecho romano (IV)

La característica propia del procedimiento de las legis actiones, que acabamos de estudiar, culmina en la formulación contractual del litigio que constituye la etapa final de la tramitación in jure: en la litis contestatio, la cual adopta aquí la forma de un acto solemne celebrado por los litigantes. Las fórmulas verbales que éstos emplean, ajustándose a la letra de la ley y tomando de ella su fuerza, constituyen la base del judicium.

Este acto procesal solemne no admite repetición (1). Por tanto, la litis contestatio, en el antiguo sistema procesal, determina ipso iure –por imperio de la ley– la pérdida de la acción. La litis contestatio tan sólo puede realizarse una vez, y, tan pronto como se realiza, la acción caduca.

Las "legis actiones" | La protección de Derechos en Derecho romano (III)

La litis contestatio con que se pone fin al antiguo procedimiento in iure reviste la forma de un acto solemne y ritual entre las partes. Los litigantes, después de ventilarse el proceso ante el magistrado, y dispuesto éste a la concesión del judicium, traen al acto, solemnemente, a sus testigos, ante los cuales exponen, concisamente y con sujeción a ciertas formas, los términos del litigio, empleando palabras tradicionales, taxativamente determinadas; hecho lo cual, el proceso queda planteado –litis contestatio– y puede ya pasar a manos del judex. Las fórmulas que han de usarse en este acto se hallan definidas por la ley en que se funda la demanda o por la costumbre, a la que se presta igual acatamiento. Por eso se dice que la litis contestatio, y como ella todo el proceso que gira en torno suyo, es legis actio (1), proceso planteado y sustanciado con arreglo a ley. El verdadero proceso, ventilado por la vía ordinaria, tiene su eje en la litis contestatio, que sirve de punto de arranque para el judicium o sentencia del particular jurado a quien se encomienda su decisión, sin provocar providencia alguna directa de la autoridad. También pueden llamarse legis actiones estos procesos, atendiendo al carácter de la acción o demanda que sirve de precedente a la litis contestatio y al judicium, y que, como aquélla, se ha de atener a la ley o costumbre establecida.

La actio es un derecho de carácter público que el Estado ampara y en virtud del cual se puede exigir que el otro litigante acepte el judicium –es decir, que se someta al contrato arbitral– y que el magistrado lo instituya (2), abriendo con ello la vía del procedimiento judicial u "ordinario" –basado en el ius civile–, a cuyo efecto deberá designar un jurado que dicte sentencia. Este derecho al judicium, o sea a la actio, lo otorga –en el Derecho civil antiguo– la ley, o la costumbre a ella equiparada. De aquí el nombre de legis actiones que se da a estas formas de tramitación.

El procedimiento civil romano | La protección de Derechos en Derecho romano (II)

El esquema fundamental del proceso civil de la época clásica lo constituye su división en dos tiempos esencialmente distintos: el procedimiento in iure y el procedimiento in iudicio. El régimen procesal de este período conserva claros vestigios de sus orígenes arbitrales. En los tiempos primitivos, impera la justicia privada: cada cual defiende y ejecuta como puede sus derechos, valiéndose de la fuerza. No se arroga todavía el Estado la exclusiva función de juzgar, ni se erige en poder soberano para discernir lo lícito y lo ilícito. Si las partes desean someter la contienda a términos de Derecho, es menester que, libremente y mediante un contrato, se encomienden a la decisión de un juez arbitral por ellas elegido. Tal es el punto de que arranca el Estado para organizar su régimen de protección judicial. La autoridad pública se limita a asistir a las partes litigantes, obligándolas a acatar el laudo del juez arbitral confirmado por ella. De aquí los dos tiempos o momentos en que se desdobla el proceso: el primero –in iure– tiene por finalidad instituir el tribunal de arbitraje; el segundo –in iudicio– se consagra a tramitar y sustanciar el proceso ante el juez nombrado. El primero termina con la litis contestatio, que no es más que un contrato arbitral refrendado por la autoridad pública y en virtud del cual las partes acuerdan someterse al árbitro instituido (1).

El procedimiento in iure se desarrolla ante el magistrado o autoridad encargada de la jurisdicción, que administra y representa, dentro de este sector, los poderes soberanos del Estado. Después de creada la pretura, ejercen este cargo, en Roma, el pretor, y en las provincias –a partir de una cierta época–, los gobernadores (2). In iure se alega y examina la cuestión de derecho aducida. Si ya en este primer período –por tanto, antes de nombrar el juez arbitral– el adversario reconoce la razón de la demanda –confessio in iure– o una de las partes se remite al juramento de la otra, respecto a la existencia o inexistencia del derecho que se aduce –iusiurandum in iure delatum–, no se pasa adelante: la confessio in iure y el iusiurandum equivalen a una sentencia. La finalidad de esta primera parte del proceso es comprobar el fundamento y razón de la demanda –es decir, la exigibilidad judicial del derecho alegado– y puntualizar su contenido, así como los requisitos necesarios para su sustanciación. Todos los trámites de esta fase procesal –suponiendo que el demandado no se allane– van a confluir a la llamada litis contestatio, que es la formalización del litigio mediante contrato sellado por las partes, en el cual se sientan las normas para el iudicium, o sea para la actuación del tribunal arbitral públicamente autorizado. La litis contestatio –formulación o definición del proceso– debe su nombre al llamamiento solemne de testigos que primitivamente hacían las partes para que diesen fe del acto. Es un contrato de arbitraje refrendado por la autoridad, que debe su fuerza jurídica y su sanción pública –base de la ejecución– a la intervención confirmatoria del magistrado presente. Éste la deniega –denegatio actionis– si, por razones materiales o procesales, estima infundado o indigno de protección el derecho que se aduce. En cambio, la corroboración de la litis contestatio equivale a un decreto con el que se proclama la admisibilidad de la demanda, a la que se abre la vía judicial, mediante la institución de un iudicium (3).

Introducción a la protección de Derechos en Derecho romano

Ejercitar un derecho equivale a realizar y poner por obra las facultades que encierra. El ejercicio de un derecho es siempre lícito: qui iure suo utitur, neminem laedit. Mas si se ejercita arbitrariamente, sin otra finalidad que perjudicar a alguien, la apariencia de licitud encubre, en realidad, una infracción jurídica. El ejercicio abusivo de los derechos es contrario al orden jurídico y puede originar responsabilidad, la cual se hace efectiva mediante la actio doli.

Se impone la protección de derechos cuando para ejercitarlos sea precisa la cooperación de otra persona –v. gr., la que tiene en su poder una cosa de mi pertenencia o me adeuda, por ejemplo, 500 sestercios–. Los medios jurídicos de protección son otras tantas armas que el Derecho facilita para proceder coactivamente contra el adversario. En los pueblos civilizados, esta coacción no se abandona, como en los tiempos primitivos ocurría, a las fuerzas personales y familiares del individuo interesado. Sólo en algunos casos excepcionales se consiente al lesionado defender sus derechos sin acudir a la autoridad; es decir, a los Tribunales. El Derecho romano adopta, sobre este punto, las normas siguientes:

1. Es lícita (1), por regla general, la legítima defensa, o sea la ejercida para rechazar agresiones injustificadas: vim vi repellere licet.