Con el triunfo del procedimiento formulario, que convierte al juez en órgano e instrumento del Derecho creado por el pretor pierde, al menos en parte, su significación primitiva la vetusta separación procesal del ius y el iudicium. El juez, ahora, ha de atenerse a las normas del mismo poder que impera in iure. Por otra parte, el pretor –lo mismo que en las provincias los praesides, encargados de la jurisdicción ordinaria en estos territorios –pierde su antigua independencia edictal, al codificarse el Edicto por orden de Adriano, quedando sujeto, lo mismo que el iudex, al ordenamiento civil vigente y al nuevo Edicto imperial.
Se convierte, pues, el juez en funcionario auxiliar del pretor, a la par que éste desciende a ser, de hecho, auxiliar y funcionario del emperador. Esta esencial transformación cobra expresión formal bajo Diocleciano: la jurisdicción de la ciudad pasa de manos del pretor a las de un ministro imperial, el praefectus urbi. En las provincias –borrada la antigua distinción entre territorios imperiales y senatoriales–, los praesides se convierten asimismo en servidores del emperador. En un puesto superior de la jerarquía aparecen administrando justicia, también en nombre del emperador, los prefectos del pretorio, asistidos de sus vicarios. Las formas constitucionales y las magistraturas republicanas desaparecen decididamente, suplantadas por una organización jerárquica y subordinada de funcionarios. Nada queda de las instituciones que servían de base al proceso antiguo. El nuevo sistema de enjuiciar toma por modelo la tramitación seguida ante el emperador (1).
