La litis contestatio con que se pone fin al antiguo procedimiento in iure reviste la forma de un acto solemne y ritual entre las partes. Los litigantes, después de ventilarse el proceso ante el magistrado, y dispuesto éste a la concesión del judicium, traen al acto, solemnemente, a sus testigos, ante los cuales exponen, concisamente y con sujeción a ciertas formas, los términos del litigio, empleando palabras tradicionales, taxativamente determinadas; hecho lo cual, el proceso queda planteado –litis contestatio– y puede ya pasar a manos del judex. Las fórmulas que han de usarse en este acto se hallan definidas por la ley en que se funda la demanda o por la costumbre, a la que se presta igual acatamiento. Por eso se dice que la litis contestatio, y como ella todo el proceso que gira en torno suyo, es legis actio (1), proceso planteado y sustanciado con arreglo a ley. El verdadero proceso, ventilado por la vía ordinaria, tiene su eje en la litis contestatio, que sirve de punto de arranque para el judicium o sentencia del particular jurado a quien se encomienda su decisión, sin provocar providencia alguna directa de la autoridad. También pueden llamarse legis actiones estos procesos, atendiendo al carácter de la acción o demanda que sirve de precedente a la litis contestatio y al judicium, y que, como aquélla, se ha de atener a la ley o costumbre establecida.
La actio es un derecho de carácter público que el Estado ampara y en virtud del cual se puede exigir que el otro litigante acepte el judicium –es decir, que se someta al contrato arbitral– y que el magistrado lo instituya (2), abriendo con ello la vía del procedimiento judicial u "ordinario" –basado en el ius civile–, a cuyo efecto deberá designar un jurado que dicte sentencia. Este derecho al judicium, o sea a la actio, lo otorga –en el Derecho civil antiguo– la ley, o la costumbre a ella equiparada. De aquí el nombre de legis actiones que se da a estas formas de tramitación.






